Lee en detalle lo que dijo nuestra especialista sobre este tema en Revista Induambiente
(Extracto de la revista)
En su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y con escaso avance se encuentra el proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa presentada por el actual Gobierno en junio de 2019, en reemplazo de la reforma que había postulado un año antes, tiene como objetivo “fortalecer el SEIA, aumentando el componente técnico en la evaluación de los proyectos y agilizando sus procesos para fortalecer el desarrollo sustentable de Chile”.
Sobre ese escenario plantea diversos cambios que, según las autoridades, apuntan a:
• Ampliar los espacios de participación ciudadana: El proyecto abre la opción de desarrollar estos procesos en la evaluación de todos los proyectos, y no solo en los que ingresan vía Estudio de Impacto Ambiental o por Declaraciones con “carga ambiental”, como ocurre actualmente.
Además, obliga al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a ofrecer programas y cursos gratuitos a las comunidades con miras a promover y facilitar su participación en la evaluación de los proyectos, en el marco del SEIA. Al mismo tiempo, desecha la posibilidad de “formalizar” la participación ciudadana anticipada, como se proponía en la reforma de 2018.
• Descentralizar la toma de decisiones y disminuir los plazos de tramitación: Se refuerzan las Comisiones Regionales como instancia final de decisión administrativa, al eliminar el Comité de Ministros y la posibilidad que hoy tiene el Director Ejecutivo del SEA de resolver las reclamaciones en contra de las decisiones adoptadas en cada región. En la misma línea, descarta la creación de las Macrozonas indicadas en la anterior propuesta.
Con esto se espera, además, reducir los plazos de tramitación de los proyectos en un año por lo menos.
• Tecnificar más las decisiones y disminuir el componente político: Para ello postula eliminar la instancia de reclamación administrativa ante el Comité de Ministros o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, dispuesta en la Ley 19.300. En lugar de ello, propone recurrir a recursos de reclamación judicial ante los tribunales ambientales, los cuales cuentan con condiciones jurídicas y técnicas para resolver las controversias. Asimismo, se establece un recurso de aclaración especial, que los proponentes de proyectos podrían utilizar para asegurar la transparencia en los actos administrativos.
• Acceso igualitario a la justicia ambiental: Con miras a recuperar la confianza de la ciudadanía en el SEIA, se plantea la creación de “un recurso de reclamación directo ante los tribunales ambientales, para cualquier persona natural o jurídica que tenga el carácter de interesado conforme al artículo 21 de la Ley 19.880, producto de la dictación de una resolución de calificación ambiental (RCA)”.
Divergencias y propuestas
El contenido de este proyecto de ley, por cierto, ha recibido críticas y observaciones de distintos sectores. De hecho, un grupo de diputados de oposición ingresó 72 indicaciones a la iniciativa, entre las cuales figuran: ampliar los plazos de participación ciudadana de 60 a 80 días; que los proyectos aprobados sean evaluados periódicamente ajustándose a nuevas condiciones y que las industrias no evaluadas ambientalmente antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.300, en el año 1994, se sometan a ese proceso.
Por su parte, representantes de organizaciones ciudadanas han cuestionado las modificaciones al SEIA impulsadas por los distintos Gobiernos, argumentando que no se han hecho cargo de los problemas de fondo que tiene el Sistema. Entre ellos, destacan el trato desigual para los titulares de los proyectos, los servicios públicos y la ciudadanía en general, lo que se expresa por ejemplo en los plazos con que cuentan cada uno de ellos en el proceso de evaluación y la falta de apoyo desde instituciones del Estado a las comunidades.
Otros actores que, con su opinión, pueden hacer un aporte bien relevante para mejorar el funcionamiento del SEIA son las empresas consultoras que trabajan día a día con este instrumento de gestión ambiental. A través de las respuestas a una breve encuesta, a continuación presentamos los planteamientos de algunos representantes de este sector.
Vilma Pérez, Jefa del área de Medio Ambiente de Arcadis Chile, responde sobre el tema:
Señale algunos aspectos que se debieran modificar para mejorar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Un aspecto clave es ampliar la participación ciudadana obligatoria a fases tempranas o de diseño de un proyecto. La participación anticipada permite a la comunidad y otros actores locales, como el municipio, plantear problemáticas, sensibilidades socio ambientales y la visión del desarrollo del territorio donde se pretende emplazar un determinado proyecto, cuestión esencial para generar un diseño pertinente y sostenible a lo largo de todo su ciclo de vida. Para efectos del permiso ambiental la participación es una fuente que alimenta los análisis de los documentos ambientales (DIA/EIA), reduciendo los impactos adversos significativos y potenciando los positivos. Además, sería un buen termómetro para identificar potenciales conflictos ambientales, otorgándole al titular del proyecto la oportunidad de gestionarlos anticipadamente.
Complementariamente la participación debiera fortalecerse durante la fase de calificación ambiental de la DIA o EIA, proveyendo la debida asistencia técnica a las comunidades locales para que tengan la oportunidad de analizar y comprender cabalmente la información contenida en los documentos ambientales. Para ello se debiera formalizar la posibilidad de acceder a asesores técnicos calificados y certificados, contratados con fondos públicos.
Se considera importante también que el seguimiento ambiental no sólo sea obligatorio para el caso de los EIAs, sino que también para determinados impactos no significativos en el contexto de las DIAs. En la actualidad, el seguimiento ambiental en una DIA, cuando lo hay, está sujeto a la voluntad del Titular, a través de los compromisos voluntarios, sin embargo, para ciertas componentes relevantes, la calificación de “no significativo” debiera verificarse a través del seguimiento.
¿Cree que el actual proyecto de reforma al SEIA que se tramita en el Congreso aborda de alguna manera dichas problemáticas?
En parte el proyecto de reforma del SEIA aborda los aspectos asociados a ampliar y fortalecer la participación ciudadana, ya que postula incluirla obligatoriamente en la fase de calificación de las DIAs, sin importar si presentan o no carga ambiental. Sin embargo, podría atreverse más abordando la participación colaborativa en el proceso de diseño, elaboración y calificación ambiental de los proyectos, y fortaleciendo el seguimiento en las fases de construcción, operación y cierre.
¿Hay algún otro aspecto positivo o negativo de dicho proyecto de ley que considere necesario destacar?
Un aspecto favorable es la propuesta de eliminar la instancia recursiva administrativa, porque con ello se estaría poniendo mayor énfasis en la evaluación técnica.
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